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viernes, 28 de junio de 2019

Estos son los vascos que más deben a Hacienda


En el caso de Bizkaia, un total de 165 empresas y particulares figuran en el listado de morosos que acaba de hacer pública la Hacienda. Su deuda conjunta es de 466,3 millones de euros, trece más que en la relación difundida hace un año. La lista está elaborada con los datos de deudas y sanciones pendientes de pago, que no han sido suspendidas ni aplazadas, a fecha de 31 de diciembre de 2018.

Como ya es habitual, encabeza el listado el grupo de sociedades que pertenecieron al empresario de la construcción Jabyer Fernández–Iurbenor, Fonorte y Residere–, que debe 52,3 millones de euros. Aunque el grupo entró en quiebra y ha desaparecido, su extinción jurídica llevará años. Le sigue la constructora Moldis Echarro S.L., que adeuda 20,4 millones. A continuación figuran Industrias Domésticas S.A., también quebrada, con 17,9 millones de euros; la inmobiliaria Abaroa, con 16,7 millones; Baena S.L., con 11,2 millones, y la cooperativa industria Edesa, del Grupo Mondragón, con 11,3 millones.

Completan la clasificación de empresas que adeudan más de 10 millones de euros al fisco vizcaíno Inversiones Inmobiliarias Erosten, con 10,2 millones y la Sociedad Franco Española de Alambres Cables y Transportes Aéreos, que adeuda 10,1 millones de euros.

En su mayoría son firmas en quiebra, preferentemente del sector inmobiliario y de la construcción que ya figuraban en el listado el año anterior aunque también hay nuevas incorporaciones como la sociedad que gestiona el club de baloncesto de Bilbao, Bilbao Basket, que adeuda 3,4 millones de euros.

En el caso de Álava, se ha dado a conocer una nómina de 37 contribuyentes. Entre ellos acumulan una deuda global de 119 millones de euros. La lista se ha visto ligeramente reducida respecto a la última publicada por el departamento de Hacienda, ya que en 2018 era de 42 contribuyentes que tenían una deuda de 122 millones de euros.

Entre los nombres no se aprecian grandes diferencias ya que no existen nuevas incorporaciones. Las sociedades inmobiliarias Goya Sesenta y Nueve y Urco&Urbasa son quienes mayores 'atrasos' registran con el fisco alaves, 17,1 y 11,1 millones, respectivamente. En ambos casos deben 500.000 euros más que hace doce meses.

En menor medida crece la deuda que Ros Casares Centro del Acero tiene con la Hacienda alavesa, apenas 300.000. La lista negra también incluye al grupo empresarial Eguren Vitoria, ya extinguido y que se dedicó al comercio de aparatos electrónicos, con una deuda de 9,2 millones con el erario.

Hay tres morosos particulares que en la lista se incluye con nombre, apellido y DNI. Entre Macario González, Antonio Fernández y Rubén Bravo suman un descubierto de 8,5 millones.

En Gipuzkoa la lista incluye 66 nombres, con una deuda total de 237,9 millones. En una cifra sustancialmente menor a la de hace un año, cuando la deuda ascendía a 292 millones. Respecto a la relación anterior, entran tres y salen seis. Continúan encabezando el listado los hermanos Osinalde Echaniz, José Ramón y Juan Miguel, cada uno con más de 31 millones, aunque sus deudas con el fisco guipuzcoano han descendido porque antes debían más de 49 millones. Son hijos del inspirador del 'boom' turístico de Torremolinos, José Osinalde Peñagarikano.

El listado mantiene invariable desde 2016, el primer año en que se dio a conocer, la primacía de las sociedades mercantiles como principales morosos, frente a una presencia casi testimonial de contribuyentes individuales. Una situación que está condicionada por el límite establecido para dar publicidad a estos nombres –por encima del millón de euros– y, también, por el hecho de que son las empresas que entran en procedimientos concursales y quiebras las que arrastran las deudas más abultadas.

A esta circcunstancia se ha referido el diputado alavés de Hacienda, José Luis Cimiano, quien ha recordado que el perfil mayoritario es el de empresas que han quebrado o están en procesos concursales. Sin embargo, hay un 18% de deudores no declarados en concurso de acreedores,

La ley que ampara la publicación de estos listados una vez al año fue aprobada a finales de 2015 en el Parlamento, con la pretensión de que actuase como una medida disuasoria y una pieza más en los planes de lucha contra el fraude fiscal. En los mismos se recogen las deudas que no han sido satisfechas en el periodo voluntario, aunque no figuran las que están recurridas por los afectados o las que cuentan con un plan de aplazamiento aprobado por Hacienda. Los afectados conocen tres meses antes de la publicación oficial que su nombre figurará en el listado público.

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