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viernes, 12 de julio de 2019

Patrullas vecinales: o cuando la autoridad pública queda con el culo al aire


Por Patxi Lázaro |

Mientras en las respectivas tribunas de la prensa partisana los todólogos de turno toman posiciones, a favor o en contra, de este reciente fenómeno de nuestra vida pública, lo que se puede constatar es la ubicuidad física del hecho, más que la pertinencia de las valoraciones que se hacen del mismo. No solo en Bilbao, sino también en otros lugares: Cataluña, Italia, Alemania, etc. Al margen de lo que opinen el santón moralista que habla desde su tribuna en el diario Público o el gestor de cualquier web xenófoba de medio pelo, hay dos cosas que no pueden ser pasadas por alto: una, que este paso al frente de los colectivos ciudadanos para hacerse cargo de su propia seguridad está relacionado con el problema migratorio; y segundo, que la decisión de formar somatenes, patrullas cívicas o como se las quiera llamar, es el resultado de una incapacidad palmaria de la autoridad pública para controlar la situación. Esto está del todo claro, porque cuando la policía es capaz de mantener el orden, ningún vecino se queda haciendo horas extra como vigilante jurado, no retribuidas y en horario nocturno.

Basta de generalizaciones: el problema lo tenemos en Bilbao. ¡Cómo dice usted! ¿En Bilbao? ¿En esa ciudad que hasta hace pocos años nuestro comité local de Autopremios consideraba entre las más seguras de Europa? ¿Que ya no se trata de hechos aislados, sino de una oleada de delitos como no se veía desde los años 80, cuando los famosos quinquis y los robos de relojes a adolescentes en plena vía pública? ¡Quién lo iba a decir!

La ciudadanía está muy decepcionada, y ello por una gradación de causas. La primera, tener que presenciar cómo sus vecinos, sus hijas y los chicos que vuelven del colegio son víctimas, o pueden serlo en cualquier momento, de unos gamberretes tutelados por la Diputación Foral que les roban el dinero, los teléfonos móviles o algo peor. Tratándose de menores, se puede admitir que la culpa no la tienen ellos. Pero la institución que los tutela difícilmente podrá sustraerse a algún tipo de responsabilidad.

En segundo lugar, da grima que un ayuntamiento cuyos funcionarios pagamos a escote entre todos los ciudadanos no sea capaz de restablecer el orden público en sus propias calles. Que es verano y el personal de la administración se halla mermado por vacaciones, que la Policía Municipal dispone de pocos efectivos y además escasamente operativos por culpa del problema de los eventuales, todo eso es disculpable. Más grave es la sospecha de que algunos de los cambios en el organigrama de la seguridad hayan tenido lugar, recientemente, no con arreglo a consideraciones de eficiencia y aptitud profesional, sino en base a meras conveniencias electorales y de lealtad política.

Sin embargo, la gota que ha colmado el vaso es la firme respuesta de la administración ante la iniciativa popular: "¡Nada de patrullas vecinales! Nosotros nos encargamos del problema. Y si no, nadie!" Por supuesto no han sido tan directos, pero esta es la lectura que se hace desde la calle. Si la policía fuese tan severa con los menas y los delincuentes juveniles como lo es con los propios ciudadanos que les pagan el sueldo, a lo mejor el verdadero problema -la inseguridad ciudadana- se habría terminado antes de empezar.

En serio, por culpa de la inoperancia de las instituciones se está creando una situación explosiva cuyo peor perjudicado no va a ser la ciudadanía. Esta ya está acostumbrada a sacarse las castañas del fuego. Quienes peor parados van a salir de esta crisis de inseguridad pública en Bilbao son la administración municipal y la clase política. A no ser, claro está, que se tomen medidas eficaces para remediarlo.

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